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Carta a la OEA respalda a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, amenazada por reformas propuestas



Un grupo de 16 organizaciones que pertenecen a la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar que se fortalezca el sistema regional de derechos humanos, el cual incluye la Corte y la Comisión Interamericana (CIDH) así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

La carta fue enviada en anticipación a la 42º Asamblea General de la OEA que se realizará del 3 al 5 de junio en la ciudad de Cochabamba en Bolivia en la que se discutirán propuestas para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, de acuerdo con El Universal de Venezuela. Las propuestas han causado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la cual asegura que tales reformas debilitarían a la Comisión Interamericana, reportó la agencia AFP. El 10 de mayo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declaró que la misión de que la defensa de los derechos humanos ya no correspondía a la realidad de América Latina y por lo tanto, la CIDH debía renovarse, según el diario La Nación.

Desde 2011, el gobierno de Venezuela ha expresado sus planes para retirarse del sistema interamericano de derechos humanos mientras que los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil han manifestado su inconformidad a decisiones tomadas por la CIDH, de acuerdo con la agencia AFP.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa extendieron la carta para destacar los esfuerzos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para despenalizar la calumnia en la región, denunciar la impunidad en los crímenes contra periodistas y brindar medidas de protección a comunicadores amenazados. Por ello, las organizaciones firmantes expresaron su preocupación sobre las reformas anunciadas después de que un grupo de trabajo liderado por Ecuador y Venezuela presentó recomendaciones que podrían limitar el financiamiento de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión así como las funciones de la Comisión Interamericana para proteger a víctimas de violaciones de derechos humanos y denunciar los abusos cometidos por los estados.



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